Mujeres, botín en la guerra contra el narcotráfico

 

La violencia en Chihuahua trae aparejado un fenómeno de crímenes de género. En 2009, organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en defensa de los derechos humanos documentaron 12 casos de mujeres, la mayoría menores de edad, que fueron secuestradas por hombres armados y violadas tumultuariamente, como si fueran botín de guerra.

La cifra creció en forma alarmante en los primeros cinco meses de 2010, en que se han documentado 10 agresiones de este tipo en la capital del estado.

Para la Procuraduría General de Justicia del Estado los casos de secuestro y violación tumultuaria son eventos aislados, a pesar de que los agresores parecen desarrollar un patrón similar, especialmente las bandas dedicadas al robo de automóviles a mano armada, que además de despojar del vehículo a sus víctimas, en caso de que sean mujeres, son llevadas a bordo, atacadas sexualmente y amenazadas con infringir mayor daño a sus familias en caso de denuncia.

El jueves y viernes pasado, en menos de 24 horas hubo tres casos similares en que las víctimas fueron encañonadas con armas para robarles sus vehículos, secuestradas y violadas.

“Esto que sucede en Chihua-hua es una de las cifras negras de la guerra contra el narcotráfico. Otra vez las mujeres están pagando los costos de una inexistente política de seguridad. El Estado debe activar cuanto antes la alerta de género, que es una herramienta legal para hacer frente a fenómenos de este tipo”, señaló Luz Estela Castro, directora del Centro de Atención y Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres AC.

Esta y otras ONG de la entidad presentaron una denuncia en noviembre pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, en la cual exponen la violencia de género que trajo aparejada la guerra contra el narcotráfico, desde que inició la Operación Conjunta Chihuahua en marzo de 2008 y en la que han muerto decenas de mujeres.

Las ONG trabajan ahora en la documentación de mujeres víctimas de delitos como robo de auto, asalto y robo a mano armada, que además de los delitos patrimoniales cometidos en su contra son sujetas a un crimen de género por la violación sexual tumultuaria de la que son objeto.

Tres casos de muestra: en un municipio de la Sierra Tarahumara, una joven maestra de primaria fue atacada y violada por hombres armados y encapuchados que le advirtieron que sufriría consecuencias graves si se atrevía a interponer una denuncia. Días después de que la joven fue al Ministerio Público, la atacaron nuevamente y le quemaron con ácido las manos y los pies.

Otra adolescente fue raptada fuera de su domicilio cuando estacionaba el auto junto con su novio. Los delincuentes golpearon y atropellaron al joven cuando intentó proteger a la muchacha que, horas después de haber sido secuestrada y violada, fue abandonada en una carretera.

El miércoles pasado, al menos tres sujetos armados despojaron de su auto a dos chicas, una logró escapar pero otra fue llevada a bordo del vehículo y violada.

El modus operandi se repite según versiones de quienes se atreven a interponer una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado; sin embargo, el grueso de los ataques no son denunciados porque la mayoría se cometen contra mujeres de clase media y alta, que prefiere no exponerse públicamente en el nuevo sistema de justicia penal, basado en juicios orales.

El sistema acusatorio inhibe a las mujeres para denunciar la violación sexual, de manera que el esquema adversarial es otro obstáculo que tienen las mujeres para acceder a la justicia, advierte la abogada Olga Escalante, representante de dos víctimas.

Batalla a ciegas

Castro señaló a su vez: En todas las guerras hay un botín y en el caso de esta guerra a ciegas contra el narcotráfico, las mujeres de Chihuahua se están convirtiendo en un trofeo. Vamos a seguir insistiendo en que se visibilice este nuevo fenómeno de violencia de género que ya empieza a generalizarse.

Recalcó que ninguno de los tres niveles de gobierno que participan en la Operación Coordinada Chihuahua diseñaron una política adecuada para el manejo de más de 10 mil hombres, entre soldados, policías federales y de otras corporaciones, que han estado en las calles y que fueron enviados al estado sin sus parejas, y tienen necesidades sexuales que los convierte en potenciales agresores.

Pero además está la impunidad generalizada, en que delincuentes que antes cometían un determinado delito, ahora son también agresores sexuales, finalizó.

La Jornada: Mujeres, botín en la guerra contra el narcotráfico: ONG

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